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Coronavirus. La pandemia evidencia injusticias del modelo patriarcal

Identifican las desigualdades de género durante las medidas de confinamiento.

30-04-2020

Por Naix’ieli Castillo, Ciencia UNAM-DGDC

Las medidas de confinamiento establecidas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión de la pandemia de COVID-19 han aumentado el riesgo de mujeres y niñas de padecer violencia física, sexual, psicológica, económica y feminicida.

La doctora Aimé Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM considera que la cultura machista, asociada a la inestabilidad económica, que eleva la tensión en los hogares, es lo que aumenta la vulnerabilidad de mujeres y niñas. Lo peor es que esta situación se presenta en millones de familias en México.

De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Refugios, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia (en la cual se pide a la población permanecer en casa) las llamadas de auxilio y denuncias por violencia de género han aumentado 60%, mientras que las peticiones de asilo han crecido 30%. Además, los 69 refugios de esta red se encuentran entre el 80 y el 110% de su capacidad. Al mismo tiempo, los gobiernos municipales cierran los refugios a su cargo por temor a que se expanda el virus.

Expresiones de la violencia de género en época de coronavirus

La especialista, en conferencia virtual, comenta que parte de su trabajo académico consiste en identificar y documentar cómo se expresa la violencia de género durante la pandemia. Para ello pide a las autoridades que durante la pandemia proporcionen datos desagregados por sexo, no solo en relación a muertos e infectados por coronavirus, sino también aquellas cifras que dan cuenta de la pérdida del empleo y acceso a alimentación, agua y otros servicios, para ubicar, una vez terminada la contingencia, las brechas más urgentes de atender.

Por el momento, la mayoría de los datos los proporcionan organizaciones de la sociedad civil, pero sería importante que las cifras oficiales se dieran a conocer a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Un ejemplo de violencia que se experimenta con más agudeza durante la pandemia es la pobreza. 32 millones de mujeres tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza, pero el llamado a quedarse en casa no considera que sus ingresos dependen de su salida al espacio público. Además, 92% de las personas que trabajan en la informalidad en México son mujeres.

Otro problema es la inseguridad alimentaria. La rápida pérdida del empleo está dejando a millones de mujeres sin recursos para comprar comida para ellas o sus familias. El problema es más grave si se considera que las autoridades sanitarias señalan la buena alimentación como una de las muchas estrategias para hacer frente al virus.

Otra manifestación de violencia son los estereotipos de género que asocian solo a las mujeres con el cuidado de los otros como nutrirlos, limpiar y administrar el hogar, cuidar enfermos y personas de la tercera edad.

Ya antes de la pandemia las mujeres hacían 2.6 más veces tareas de cuidado que los hombres, pero durante el confinamiento se aumenta su desgaste a una doble o triple jornada, porque los hombres no asumen corresponsabilidad de estas tareas.

Un ejemplo concreto de sobrecarga en las tareas domésticas es que durante la pandemia, la Secretaría de Educación Publica ha implementado clases en línea y la mayor parte del acompañamiento que se hace a los estudiantes es llevado a cabo por mujeres.

El confinamiento en el hogar ha aumentado el uso de internet en la población principalmente infantil y adolescente que están más vulnerables a ser captados por redes de explotación sexual. 

Los datos indican también que se ha incrementado el acceso a pornografía infantil y la propagación de la violencia en línea. Además durante la contingencia miles de mujeres están siendo ofrecidas por proxenetas a hombres en sus domicilios para que ellos no se expongan a contraer el coronavirus.

La especialista señala que también se han identificado grupos de población más vulnerables como las mujeres indígenas, aquellas que se dedican al sexoservicio y las mujeres migrantes. También están más vulnerables las mujeres enfermeras y médicas que forman parte del sistema sanitario y que están en la primera línea de atención a los infectados.

De acuerdo con la investigadora, las siguientes cifras, proporcionadas por Equis Justicia para las Mujeres, muestran que las mujeres han sido poco tomadas en cuenta en el plan de contingencia para hacer frente a la pandemia.

Un total de 84% de los poderes judiciales no contemplaron recursos legales para proteger a las mujeres víctimas de violencia durante la pandemia y solo 7 de 32 continúan contemplando el funcionamiento de las órdenes de protección.  10 de los mismos no se pronunciaron sobre medidas para garantizar el cumplimiento de pensiones alimenticias. Además, 15 poderes judiciales suspendieron de manera absoluta las actividades de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada sin proporcionar alternativas.


Un cambio de paradigma económico

Las mencionadas anteriormente son solo algunas manifestaciones de la violencia de género que se agudizan con la pandemia, pero hay muchas más. La especialista Aimé Vega Montiel considera que la pandemia ha revelado la perversidad y lo destructivo del modelo capitalista, especialmente en su alianza con el patriarcado para poner a las mujeres y a las niñas en el nivel más bajo de la estructura social.

Todas las acciones problemáticas que se presentan durante la emergencia sanitaria se debe a problemas que no se atendieron a tiempo, y ahora se pone en evidencia el dramático costo social.

Frente a esta situación la investigadora concluye que es urgente que los gobiernos del mundo, pero en particular el gobierno mexicano, garantice los recursos para un plan integral que ponga en el centro de la respuesta a la emergencia a la pandemia a las mujeres y las niñas y que incluya en el desarrollo de las estrategias a organizaciones feministas, que son las que cuentan con la experiencia para orientar las políticas.

Entre las acciones que se recomienda llevar a cabo a las autoridades como política nacional se encuentra establecer sistemas de denuncia digital, monitorear a las víctimas y habilitar botones de pánico a través del teléfono celular con aplicaciones desarrolladas para este fin. También se debería garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios sanitarios e ingresos económicos frente a la pérdida del empleo.

La sociedad también puede contribuir a atender la violencia contra las mujeres. La población masculina puede renunciar al poder que ejercen contra las mujeres, asumir su responsabilidad y evitar tener comportamientos violentos. También aliviar la carga del trabajo doméstico asumiendo parte del mismo. Además dejar de ser consumidores las redes de trata y explotación sexual.

La violencia contra las mujeres tiene un costo social para todas las personas, por eso es preciso que todos los ciudadanos se incorporen a la solución de este problema.

Cifras que revelan inequidad


Entre el 18 de febrero y el 13 de abril 2020 se registraron 367 feminicidios (según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana). En el mismo periodo, hubo 100 mujeres muertas por COVID-19.

78.6 por ciento de las mujeres violentadas no denuncian.

Antes de la pandemia, las mujeres hacían 2.6 más veces tareas de cuidado que los hombres. Durante el confinamiento, el trabajo de las mujeres aumenta a una doble o triple jornada.

92% de las personas que trabajan en la informalidad en México son mujeres. Este es el tipo de empleo que se ve más afectado durante las medidas de confinamiento.

75 % de las trabajadoras del hogar no cuentan con prestaciones de ley. En el momento que se suspenden labores no esenciales, ellas dejan de trabajar y quedan vulnerables económicamente.

500 mil personas han perdido el empleo en las primeras semanas de contingencia.

Durante la epidemia de COVID-19 las llamadas de auxilio y denuncias por violencia de género han aumentado 60%. Las peticiones de asilo han crecido 30%.


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