Establecer precios reales podría mejorar la distribución del agua

En un modelo microeconómico simple es fácil identificar cómo los precios reales del agua, aquellos que reflejan los costos medioambientales y de producción, pueden ser una herramienta para lograr una administración y distribución más eficiente del recurso.

Así lo expresó Héctor Bravo Pérez, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante el IV Encuentro Universitario del Agua, que tuvo lugar en  Ciudad Universitaria.

Señaló que en nuestro país el agua no está distribuida homogéneamente, ni en el tiempo ni geográficamente. “Sabemos que en el norte hay muchas regiones donde escasea el recurso y que en el sur hay sitios donde es muy abundante; además se presume que el cambio climático podía agudizar esta situación, por ejemplo, en ciudades como Mexicali la temperatura podría ser aún más alta, en cambio en otras con lluvias abundantes, como las cuencas del sur, podría concentrarse la precipitación.”

Este escenario demandará un manejo económico y por supuesto, de ingeniería más eficiente del recurso agua. En su opinión, el precio que debe pagar el consumidor tendría que considerar toda la información sobre los gastos que se generan por obras hidráulicas, aunado al costo de producción del líquido y el costo medioambiental. “Si la tarifa establecida no logra incluir esta información, entonces se va a generar una demanda excesivamente grande del recurso”, indicó el doctor Bravo. 

Soluciones óptimas

 
En nuestro país, la creciente demanda de agua ya se vislumbra, pues el costo del consumo a través de la red pública es relativamente bajo, situación que genera ventajas para la población, pero también da paso a problemáticas sociales como la sobreexplotación del bien, señaló Bravo Pérez.

“Esta situación podría ser medianamente resuelta si los derechos del agua que tienen que pagar cada uno de los agentes en las distintas regiones de consumo estuvieran cercanos a la cantidad demandada.”

Pero cuando se revisan detalladamente las concesiones que tienen los agentes para consumo, no tienen nada que ver con la cantidad que se demanda ni con el precio que están pagando, por tanto, se generan incentivos para sobreconsumir o subconsumir, dijo el académico.

Monopolio del agua

Para entender este problema en México de manera institucional, Héctor Bravo recordó que el artículo 27 constitucional dicta que el agua es propiedad de la Nación, para lo cual existe la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cuya función es la distribución del recurso.

“Este organismo posee dos instrumentos para poder armonizar la explotación del agua: el precio y las cantidades explotadas que se permiten por medio de concesiones. Al ser la única instancia capaz de dar concesiones sobre el recurso y de fijar su precio, podemos decir que la CONAGUA se comporta como un monopolio.”

Es así como esta institución fija precios múltiples para los distintos agentes que consumen el recurso (industria, población, agricultura), es decir, establece costos más favorables a agricultores y mejores concesiones en lugares con abundantes fuentes de agua.

El problema surge cuando se observa que el objetivo principal de esta institución no es la eficiencia y la distribución del recurso, sino que la recaudación tiene un alto impacto en las regulaciones para este vital líquido, explicó el experto en economía del agua, declaró el economista.

Sin embargo, existe la posibilidad de modificar este esquema, si la CONAGUA fijara reglas para la asignación y la concesión a partir del comportamiento eficiente de los agentes y los costos de extracción, tanto de producción como medioambientales, propuso Bravo Pérez.

De este análisis microeconómico, dijo el académico, se desprende que la CONAGUA no tiene un comportamiento que incentive el uso eficiente del agua, sino que genera ineficiencias y sobreexplotación con serios problemas medioambientales. “No fija un sólo precio por un bien sino que establece distintos precios ante distintos agentes, lo cual genera soluciones inequitativas.”

El especialista expuso la necesidad de contar con instituciones más eficientes en cuanto a la distribución del recurso. “Estos organismos deberían estar alienados jurídicamente y económicamente, concluyó Héctor Bravo, para que su trabajo vaya en un mismo sentido y así logremos una administración más óptima del vital liquido.”