Conferencias de las Partes (COP): donde las naciones deciden cómo enfrentar el cambio climático

Cada fin de año, durante dos semanas, representantes de casi todos los países del mundo se reúnen en una ciudad distinta para discutir cómo resolver uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático. A este encuentro se le conoce como la Conferencia de las Partes, o simplemente COP.

Aunque el término se utiliza para otras reuniones parecidas de organismos internacionales y se menciona con frecuencia en noticieros y redes sociales, para muchas personas sigue siendo algo lejano, técnico o difícil de comprender. Sin embargo, lo que se discute y acuerda en una COP puede tener efectos muy concretos en la vida cotidiana de cada persona porque influye en cómo un país produce la energía, cómo se diseñan las ciudades, cómo se protege el agua y cómo se responde ante sequías, inundaciones u otros eventos extremos, entre muchos otros asuntos que impacta el fenómeno a escala mundial.

La historia de la COP

Comienza a principios de la década de 1990, en la Cumbre de la Tierra, cuando la comunidad internacional reconoció que el calentamiento global no era un fenómeno natural pasajero, sino el resultado directo de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación.

En 1992, durante la también conocida como Cumbre de Río porque se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Dos años después, la Convención entró en vigor, así se dio origen a la COP como su máximo órgano de toma de decisiones. La primera se celebró en 1995 en Berlín, Alemania.

Desde entonces, cada año se lleva a cabo una COP y reúne a 197 países, que son “las partes”, que incluye prácticamente a todos los Estados del mundo. El objetivo final de la Convención es:

“Estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por humanos) peligrosas en el sistema climático"

A lo largo de su historia, la COP ha logrado avances importantes, aunque también frustraciones. Uno de los primeros hitos ocurrió en 1997, en la COP 3, en Kioto, Japón, cuando se adoptó el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante para reducir emisiones: el Protocolo de Kioto. Este acuerdo por primera vez obligaba a los países industrializados a reducir sus emisiones, reconociendo su responsabilidad histórica en el problema. Aunque sus resultados fueron limitados, Kioto marcó un precedente clave al convertir al cambio climático en un asunto central de la política internacional.

Otro momento decisivo fue la COP15 en Copenhague, en 2009. Aunque no se logró un acuerdo vinculante, por primera vez más de 190 países reconocieron —plasmado en los documentos oficiales de esa COP—, la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global y prometieron movilizar 100 mil millones de dólares anuales para apoyar a los países en desarrollo. Con el paso del tiempo, este compromiso financiero, que ha sido difícil de cumplir, sigue siendo uno de los temas más sensibles y debatidos en las negociaciones climáticas anuales.

El gran punto de inflexión llegó en 2015, durante la COP21 en la capital francesa. El Acuerdo de París transformó la gobernanza climática global al establecer un objetivo común: mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 grados centígrados y hacer esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados. A diferencia de Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París se basa en compromisos nacionales voluntarios, conocidos como “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”, que cada país debe actualizar cada cinco años para manifestar mayor ambición.

Hoy, el mundo se encuentra en una trayectoria que podría superar los límites acordados, con consecuencias graves para los ecosistemas y las sociedades humanas. Sequías prolongadas, incendios forestales, inundaciones extremas y olas de calor cada vez más intensas ya afectan a millones de personas, especialmente en regiones con menos recursos.

El actual Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres en respuesta al rápido aumento de la escalada, la intensidad, la frecuencia y la duración del calor extremo, hizo un llamamiento para realizar un esfuerzo urgente y concertado con el fin de mejorar la cooperación internacional para hacer frente al calor extremo.

COP30: avances, límites y las tensiones 

En años recientes, los países miembros de la CMNUCC han incorporado, con mayor fuerza, discusiones en las COP sobre temas como la adaptación, la justicia climática y las llamadas “pérdidas y daños”. Un avance histórico ocurrió en la COP27, celebrada en Egipto en 2022, en donde se acordó crear un Fondo de Pérdidas y Daños para apoyar financieramente a los países más vulnerables ante impactos climáticos irreversibles.

Con este antecedente, en noviembre de 2025 se celebró la COP30 en Belém, Brasil, una ciudad ubicada en el corazón de la Amazonía. La elección de la sede tuvo un fuerte valor simbólico: la selva amazónica se considera como uno de los ecosistemas más importantes para la regulación del clima global, pero también uno de los más amenazados por la deforestación. La reunión estuvo marcada por una sensación de urgencia, pero también por fuertes tensiones políticas.

Entre los principales avances destaca el compromiso de movilizar al menos 1.3 mil millones de dólares anuales para 2035 destinados a la acción climática global, combinando recursos públicos y privados. Asimismo, se hizo un llamado a triplicar el financiamiento para la adaptación, reconociendo que muchos países ya enfrentan impactos climáticos severos. También se avanzó en iniciativas relacionadas con la transición justa, que la descarbonización de las economías no profundice las desigualdades sociales.

En materia ambiental, se reforzaron compromisos para reducir las emisiones de metano y se promovieron iniciativas para proteger ecosistemas estratégicos. También se acordó impulsar el uso de biocombustibles sostenibles, es decir, aquellos producidos sin dañar ecosistemas ni competir con alimentos, como parte de la transición energética. Sin embargo, la COP30 también dejó claro uno de los mayores límites de la cooperación internacional: la imposibilidad de alcanzar un acuerdo vinculante para eliminar progresivamente los combustibles fósiles. A pesar del apoyo de más de 80 países, la oposición de los grandes productores de petróleo y gas bloqueó cualquier compromiso formal.

El papel de México en la acción climática global

En la COP30, México presentó una nueva versión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como NDC 3.0, en la que se compromete a alcanzar la neutralidad de emisiones hacia 2050, reducir en 30% las emisiones de metano para 2030 y, entre 2030 y 2035, aumentar la participación de energías renovables en la generación eléctrica, según  informó en 2025 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Por primera vez, México incorporó de manera explícita un componente de pérdidas y daños, reconociendo que hay impactos climáticos que no pueden evitarse ni es posible adaptarse a ellos completamente, como la pérdida de territorios por el aumento del nivel del mar y viviendas en zonas costeras afectadas por huracanes, el desplazamiento forzado de comunidades rurales por sequías prolongadas, o la desaparición de ecosistemas y prácticas culturales estrechamente ligadas al territorio.

Desde el año 2010, al margen de los compromisos formales, México ha accedido a financiamiento climático derivado de los acuerdos alcanzados en las COP. Uno de los principales mecanismos es el Fondo Verde para el Clima, creado por la CMNUCC en ese mismo año durante la COP16 celebrada en Cancún, México.

A través de este fondo, manejado por Nacional Financiera, nuestro país ha obtenido recursos para proyectos de adaptación y mitigación en sectores clave como el agua, la energía, la agricultura y la conservación de ecosistemas, entre otros. En 2025 fueron aprobados 13 proyectos con compromisos por alrededor de 150 millones de dólares.

Entre los proyectos financiados destacan iniciativas de restauración de cuencas, fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y transición hacia modelos productivos más sostenibles. Estos recursos no solo permiten implementar acciones climáticas concretas, sino que también fortalecen capacidades institucionales y técnicas a nivel nacional y local. México, además ha accedido a recursos del Fondo de Adaptación y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que apoyan proyectos enfocados en la gestión del agua, la protección de zonas costeras y de la biodiversidad, así como la seguridad alimentaria.

México también impulsó iniciativas de cooperación regional durante la COP30, como el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya. Esta iniciativa, en colaboración con Guatemala y Belice, tiene el objetivo de proteger más de cinco millones de hectáreas de selva y fortalecer la conservación de la biodiversidad en Mesoamérica. Los proyectos mexicanos que reciben apoyo internacional muestran cómo dichos acuerdos pueden traducirse en acciones concretas a escala regional.

No obstante, la experiencia mexicana también refleja una tensión común en muchos países, por ejemplo sigue siendo evidente la brecha entre los compromisos internacionales y los desafíos de cada nación para transformar los modelos de desarrollo. Acceder a financiamiento climático es un paso importante, pero su impacto depende de la capacidad de los países para diseñar proyectos sólidos, garantizar transparencia y asegurar que los beneficios lleguen a las comunidades más vulnerables.

La acción climática en lo cotidiano

Más allá de las negociaciones internacionales y los acuerdos firmados por los gobiernos en las COP, la acción climática también se construye en la vida cotidiana. Los objetivos discutidos en cada conferencia no son temas relevantes sólo para las y los diplomáticos o académicos.

Por el contrario, establecen orientaciones que buscan impulsar cambios reales en la manera en que las sociedades producen, consumen y se relacionan con su entorno. Para que estos cambios ocurran, la participación de la ciudadanía resulta clave, ya que los acuerdos internacionales solo se vuelven efectivos cuando se traducen en políticas públicas y prácticas sociales concretas.

Los informes del IPCC indican que la mitigación del cambio climático no sólo depende de decisiones nacionales e internacionales, sino también de cambios en la eficiencia energética y en los patrones de consumo domésticos. Estrategias como reducir el consumo de electricidad en los hogares, mejorar la eficiencia de los electrodomésticos, y optar por productos y servicios de empresas con planes claros de descarbonización pueden tener un impacto acumulativo significativo cuando se adoptan de forma colectiva.

El Acuerdo de París también reconoce explícitamente la importancia de la participación de la sociedad civil y de los gobiernos subnacionales (entidades administrativas dentro de cada país) para traducir los compromisos globales en acciones concretas que tengan efectos reales en los territorios.

Esta dimensión social resulta especialmente relevante en países altamente vulnerables al cambio climático, como México. Su ubicación geográfica lo expone de manera recurrente a sequías, huracanes, inundaciones y olas de calor, fenómenos naturales cada vez más intensos; además, una parte significativa de la población depende de actividades sensibles al clima, como la agricultura, y enfrenta condiciones de desigualdad que limitan su capacidad de adaptación. En este contexto, la sociedad civil tiene un papel central para vigilar, exigir y acompañar el cumplimiento de los compromisos asumidos en las COP.

Por ejemplo, una fuente relevante de emisiones de las grandes ciudades es el transporte. Una recomendación es que, siempre que sea posible, elegir el transporte público, la bicicleta o caminar en lugar de usar el automóvil particular ya que así se contribuye a reducir la huella de carbono y a mejorar la calidad del aire.

Estas decisiones individuales, sin embargo, deben ir acompañadas de una acción colectiva, es decir, de esfuerzos organizados y compartidos entre personas o comunidades para solucionar problemas comunes, como, por ejemplo, exigir mejores sistemas de transporte público, más ciclovías seguras y espacios peatonales adecuados. Estas son formas concretas de incidir en las políticas locales y de impulsar ciudades más habitables, inclusivas y resilientes frente al cambio climático.

Por otro lado, la alimentación también tiene un papel clave en la acción climática, es decir, dentro de las decisiones y políticas que buscan disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los impactos del cambio climático. Reducir el desperdicio de alimentos, es una de las formas más directas de disminuir emisiones de metano, un gas de efecto invernadero especialmente potente. También contribuye adoptar una dieta con menor huella de carbono, por ejemplo, reduciendo el consumo de carne roja y privilegiando alimentos de origen local y de temporada. Esta no solo beneficia al clima, sino también a la salud y a las economías locales.

¿Qué sigue?

Del 19 al 20 de noviembre de este 2026 se llevará a cabo la COP31 en Antalya, Turquía, una reunión internacional clave sobre el cambio climático que, aunque tendrá a Turquía como país sede, será dirigida por Australia, reflejando el esfuerzo colectivo de las naciones por enfrentar un problema global.

Entre los temas centrales estará el apoyo financiero a los países más vulnerables, que padecen con mayor intensidad fenómenos como sequías prolongadas, escasez de agua y eventos climáticos extremos, pese a contar con menos recursos para adaptarse.

Asimismo, uno de los mayores desafíos será alcanzar acuerdos efectivos para reducir el uso de combustibles fósiles y frenar la deforestación, avanzando simultáneamente hacia una transición energética justa y hacia compromisos verificables que sustituyan las promesas incumplidas. En este contexto, la COP31 podría no ser una reunión de grandes discursos, sino una prueba decisiva para saber si los acuerdos climáticos pueden traducirse en acciones concretas.

Solo mediante una participación individual y colectiva activa, informada y constante será posible evitar que estos acuerdos queden en declaraciones formales y lograr que se conviertan en políticas públicas efectivas, presupuestos adecuados y cambios reales en la vida cotidiana.

De esta manera, la acción climática deja de ser un asunto distante de las negociaciones internacionales y se transforma en un proceso compartido que involucra a gobiernos, comunidades y ciudadanía en la construcción de un futuro más justo y resiliente frente al cambio climático. La pregunta de fondo sigue siendo sencilla, pero crucial: ¿seremos capaces de pasar de las palabras a los hechos?

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*Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS), UNAM 

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