18-08-2025
Por Ciencia por México
La violencia extrema del crimen organizado hacia las personas más jóvenes tiene nombre. El fenómeno social ha sido llamado juvenicidio. Niños, niñas y adolescentes son secuestrados, utilizados con fines delictivos e incluso asesinados.
Julio Morales López, Investigador por México, adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Regional Pacífico Sur, señala que recientes acontecimientos como los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, son un reflejo de esta ola violenta.
El antecedente que llevó al investigador a profundizar en la comprensión del fenómeno se ubica en 2018, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el Plan Nacional contra el Robo de Hidrocarburos –Plan contra el huachicoleo– en la zona del Bajío. El huachicol, recuerda, había sido una estructura económica fuerte para los grupos delictivos.
“De esta manera, los grupos del narcotráfico pierden ingresos millonarios y los obligan a diversificar sus acciones para mantener el financiamiento de sus actividades delictivas. Ello provocó una escalada de gran magnitud en el Bajío: crecen las extorsiones y los secuestros, cuya maquinaria de violencia necesita de personas, de seres humanos que trabajen para esto”.
Una de las formas de controlar el territorio es a través de las personas, en los barrios y las colonias. “Es ahí cuando realizo mi trabajo desde el concepto de juvenicidio, porque gran parte de las víctimas mortales son jóvenes que han sido, de una u otra forma, cooptados por el narcotráfico”.
Actualmente, este tipo de procesos se pueden vincular con el caso de Teuchitlán, puesto que se desenvuelve en un contexto muy parecido, apunta, en la forma de reclutar a jóvenes en las centrales camioneras o que tienen una necesidad económica que los orille a ello.
Rafael Prieto Curiel, matemático mexicano en el extranjero (Complexity Science Hub, Viena, Austria), publicó en la revista “Science” (2023) que los cárteles en México requerían reclutar entre 350 y 370 personas semanalmente para mantener su estructura y que, en 2022, contaban con entre 160 mil y 185 mil “trabajadores”, convirtiéndose en uno de los principales empleadores del país.
¿Quiénes son las víctimas? El doctor Julio Morales ha identificado ciertas características. “El patrón eran personas jóvenes, entendiendo que el conflicto generado por estos grupos se alimenta de ellas. Los jóvenes se encuentran más expuestos, pasan más tiempo en espacios públicos y tienen mayor necesidad de salir”.
Los grupos del narcotráfico, añade, ponen su mirada en ellos para controlarlos, reclutarlos y adentrarlos a su sistema, ya sea de manera formal o informal, es decir, en ciertas actividades no siempre se dan cuenta de que están trabajando para un grupo delictivo.

Este concepto hace referencia a “zonas de muerte”. Para Julio Morales, es útil para comprender, desde un análisis territorial, cómo determinados elementos se tienen que conjugar para que se produzcan y funcionen.
En las necrozonas, las personas son depreciadas y su vida es irrelevante, y aunque su mano de obra es necesaria, menciona el investigador, también es reemplazable. “Por lo tanto, se les expone y obliga sin ningún miramiento de derechos humanos, porque reducen su capacidad de ‘ser humano’, buscan deshumanizar para llegar a estos ámbitos donde la guerra –por momentos se trata de una guerra abierta– requiere de una extrema violencia y de una economía funcional por encima de todo”.
Ante esta realidad el investigador se pregunta ¿qué pasa por la mente de un niño, de una niña o de un adolescente cuando ha sido socializado a ver un asesinato y un miedo continuo?
Dice que el caso de Teuchitlán es la muestra de una violencia ascendente que se enmarca en el juvenicidio y la necrozona de forma extrema. “Si hacemos una breve cronología desde 2010 veremos que nos estamos acostumbrando’ a las masacres”. Por mencionar las más renombradas, ubica la de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron masacrados. Después, en 2018, los tráileres de la muerte en Jalisco, que sumaron más de doscientas setenta personas muertas.
“Son grandes tragedias, a las que debemos sumar las muertes constantes de determinadas zonas que, si bien no llegan a rebasar un par de decenas, son parte de las masacres cotidianas que incluyen ejecuciones en bares, conciertos e incluso funerales”.
Las investigaciones de Morales, así como las de otros científicos sociales, tienen el objetivo de comprender por qué ocurre este fenómeno de la violencia y cuáles son sus consecuencias en la población. “Una vez que sabemos o tenemos una idea de cómo ocurre esto y hacia dónde vamos, podemos hacer una crítica fundamentada y proponer elementos para disminuir esta violencia y, ojalá, erradicarla”.
Este conocimiento puede ser un insumo para la elaboración de políticas públicas, no obstante, Julio Morales recuerda que ese es el trabajo del Estado. Entonces ¿qué podemos hacer desde nuestro entorno?
Primeramente, recomienda alentar a las infancias y a los jóvenes desde las escuelas para visualizar contextos de paz, y así evitar que la violencia se vuelva el único escenario de su entorno. También propone “un mayor compromiso de la sociedad para indignarse frente a estos sucesos, así como su vinculación y unión con los colectivos de desaparecidos. Mi sugerencia fundamental a la sociedad mexicana es que no se acostumbre a esta violencia”.
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