Los derechos de los invisibles: identidad legal de las poblaciones callejeras

En la Ciudad de México, las poblaciones callejeras son un grupo social que todos los días se ve expuesto a situaciones de discriminación basados en estigma y prejuicios. Baste recorrer algunas zonas de la capital del país para verlas viviendo debajo de un puente, pidiendo limosna o laborando en actividades informales como la venta de mercancías, la recolección de plástico o cartón, ayudando ocasionalmente en algún negocio, etcétera.

Sin embargo, es limitada la información que provea un panorama general acerca de las personas que viven y sobreviven en espacios públicos.

En 2017, el Instituto de Asistencia e Integración Social detectó que casi 7 mil personas son miembros de poblaciones callejeras, definidas como aquellas que viven en calle, integradas por un conjunto heterogéneo de individuos, al cual pertenecen niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y también familias, quienes han encontrado en las calles una alternativa de sobrevivencia.

Aunque su existencia tiene registro desde la época colonial, como fenómeno social, estas poblaciones han sido intervenidas y estudiadas desde hace varios años, con el fin de identificar quiénes forman parte de este grupo social, cuántas personas lo integran, así como otros aspectos que lo rodean.

En la actualidad, una problemática que estudian en el Programa Universitario de los Derechos Humanos de la UNAM -PUDH- es la identificación de los obstáculos que enfrentan los miembros de las poblaciones callejeras para obtener o recuperar sus documentos de identidad legal.

En un Estado democrático, la identidad legal es uno de los primeros derechos humanos que debe ser reconocido y garantizado por las instituciones, explicó la licenciada Pamela Martínez León, del PUDH y es un derecho fundamental para todos los ciudadanos, pues es el punto de partida para que podamos ser sujetos plenos de otros derechos, como la salud, la educación o el trabajo.

 Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue identificar cuáles son los obstáculos que enfrentan los miembros de las poblaciones callejeras para obtener o recuperar sus documentos de identidad legal. Y a partir de este análisis, vincular la garantía de la identidad legal con el ejercicio de muchos otros derechos humanos, como la libertad de tránsito, el acceso a servicios de salud, el derecho al trabajo y a la educación.

Encontrar una denominación

La identidad legal es la llave de acceso para todos los derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce a la persona como integrante de una comunidad política, así como la garantía de su libertad y de su propiedad. Por lo tanto, para poder identificarse como un ciudadano que forma parte de una comunidad, el primer derecho que se le debe garantizar es el de la identidad.

En nuestro país, el artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, además de que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento.

En cuanto a las poblaciones callejeras, éstas muchas veces carecen no sólo de los medios económicos, sino también de la información necesaria, así como de los documentos que les permiten obtener o recuperar su identidad legal.

La maestra Mónica Martínez Jiménez, del PUDH, destacó que es importante la concepción que tenemos de estas poblaciones, pues cuando nos imaginamos o referimos a las personas que viven en calle, comúnmente los asociamos con imaginarios de niños de la calle, vagos, vagabundos, limosneros, entre otras denominaciones con una carga negativa intrínseca.

Sin embargo, identificarlos de una forma objetiva permite tener criterios consistentes y metodológicamente confiables para lograr una aproximación sin estigmas y con mejor información sobre sus problemáticas, comentó la socióloga política.

Encuesta a población callejera

Como parte del trabajo que llevaron a cabo las universitarias, se encuentra el analizar cómo la falta de una identidad legal se liga con las problemáticas que enfrentan a diario las poblaciones callejeras. Algunas de éstas son: la estigmatización, la discriminación, la negación de servicios públicos y derechos, la carencia de redes sociales positivas y la ausencia de documentos oficiales, entre otras.

Tomando como base la ausencia de documentos oficiales fue que las universitarias realizaron dicha investigación, la cual consistió en identificar qué obstáculos enfrenta esta población para obtener su identidad legal y cómo se relaciona ésta con otras problemáticas de su día a día.

Para ello, encuestaron a 100 miembros de estas poblaciones callejeras en alcaldías de la Ciudad de México con mayor presencia: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Las dos primeras tienen puntos con alta concentración de esta población.

La mayoría de los encuestados fue del sexo masculino y la edad de la primera incursión en calle fue entre los 6 y los 15 años. Un dato que llamó la atención de las investigadoras es que no toda la población vive todo el tiempo en calle; algunas personas juntan dinero y rentan un cuarto de hotel o una vivienda y otras habían vivido en albergues. Además, detectaron que no es un fenómeno pasajero, es decir, la mayoría de los entrevistados llevaba más de cinco años viviendo en calle y algunos toda su vida.

Otro de los datos que arrojó la encuesta, es que la mayoría tienen una formación escolar, es decir, sólo 1 de cada 10 no sabía leer ni escribir. Además, 7 de cada 10 encuestados afirmaron realizar algún tipo de actividad económica, teniendo incluso más de un trabajo.

Algunos obstáculos identificados para el ejercicio de la identidad legal son: procedimentales o administrativos (los tiempos de espera, la falta de información, etcétera), documentales (la falta de documentos para realizar trámites), económicos (el alto costo de los trámites) y socioculturales (discriminación o agresión por parte de servidores públicos).

De esta manera, algunas de las recomendaciones que surgen a partir de esta investigación son implementar un censo de poblaciones callejeras en las principales ciudades del país y la consolidación de una cédula de identidad o Documento Nacional de Identidad que garanticen el reconocimiento jurídico de todos los ciudadanos.

Asimismo, en la Ciudad de México se recomienda la atención prioritaria de este grupo poblacional, de forma que no requiera intermediación de organizaciones de la sociedad civil o terceros, así como la homologación de criterios procedimentales, documentales y económicos de carácter mínimo para el registro de nacimiento y la recuperación de este documento en el Registro Civil y la difusión e implementación del Procedimiento para la expedición de la credencial para votar a ciudadanos en situación de calle, que permite la obtención de este documento sin la presentación de comprobante de domicilio por parte del Instituto Nacional Electoral.

Las investigadoras concluyeron que la identidad legal nos garantiza el acceso a otros derechos, nos permite reconocernos y ser reconocidos como parte de una ciudadanía, es decir, tomar parte de los asuntos en la vida pública. Además implica un reconocimiento jurídico y nos permite corroborar nuestro papel frente a las instituciones, quienes nos reconocen como parte del colectivo.

• Fue en los años 90 cuando, por primera vez, esta problemática social y prácticamente urbana fue visibilizada para poderse estudiar y aplicar programas de apoyo a esta población. Por ejemplo, en 1995, el entonces Departamento del Distrito Federal, junto con la Unicef, contabilizaban poco más de 13 mil niños y niñas de la calle. En 1999 el DIF y la Unicef reportaban la existencia de más de 14 mil personas que vivían o trabajaban en calle.

•  Para 2007 y 2008 el DIF del Distrito Federal contaba a 1 878 personas que pernoctaban en calle y 1 405 en situación de calle, respectivamente. A partir del 2011-2012, a través del censo denominado Tú también cuentas, el gobierno de la Ciudad de México determinó la existencia de poco más de 4 mil personas en situación de calle; y en 2017, el Instituto de Asistencia e Integración Social contabilizó 6 774 personas que integran a las poblaciones callejeras.